La Ley Minera fue publicada en el diario oficial de la federación el 26 de junio de 1992 y entró en vigor a los 90 días naturales de su publicación. Derogó una ley en materia aprobada en 1975, la cual estipulaba que solo se podía entregar concesiones a ciudadanos mexicanos por nacimiento o personas morales integradas en más de un 50% por capitales mexicanos. Mientras que la ley del 92 permitió que capitales transnacionales participaran en las concesiones, siempre y cuando se solicitara la concesión a través de una filial mexicana. En total ha tenido cuatro reformas, la más reciente es la del 2014 en la que se introdujeron cambios relacionados con la Ley de Hidrocarburos.

Dentro de los aspectos de la Ley Minera, el artículo 6 establece la preferencia de la actividad minera por encima de cualquier otro uso u aprovechamiento en el terreno, excepto frente a las actividades de exploración y extracción del petróleo, así como de otros hidrocarburos.

El presente análisis se centra en tres aspectos: 1) identificación de atribuciones, 2) análisis de criterios en materia de concesiones y asignaciones; y 3) revisión en materia ambiental. Es conveniente mencionar que la Ley se revisó en su relación con otras leyes: Ley de Inversión Extranjera, Ley de Sociedades Mercantiles y Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.